Sin duda que en el nuevo siglo acceder a más y mejor capacitación es vital tanto en la formación personal como en el perfil de país que queramos lograr a mediano y largo plazo. Esto es de aquí a 10-20 años vista.
La Universidad es hoy estratégica para cualquier país que tenga como objetivo insertarse en el pelotón de países con posibilidades de convertirse en motores económico-sociales en los próximos 50 años.
Aquellos países que en los últimos 25-50 años han modificado sustancialmente su estructura económica (de una economía agrícola o básicamente orientada a commodities fruto de lo entregado por la tierra y mar) lo hicieron a partir de una planificación de largo plazo en todos los niveles de la educación. Comprendieron que la calidad educativa debía darse desde el nivel inicial, pasando por la escolaridad primaria-secundaria, para llegar con una formación de base lo suficientemente fortalecida para poder alcanzar en el nivel superior los conocimientos y herramientas que permitan agregar valor a la economía basada principalmente en commodities.
La Universidad es hoy estratégica para cualquier país que tenga como objetivo insertarse en el pelotón de países con posibilidades de convertirse en motores económico-sociales en los próximos 50 años.
Aquellos países que en los últimos 25-50 años han modificado sustancialmente su estructura económica (de una economía agrícola o básicamente orientada a commodities fruto de lo entregado por la tierra y mar) lo hicieron a partir de una planificación de largo plazo en todos los niveles de la educación. Comprendieron que la calidad educativa debía darse desde el nivel inicial, pasando por la escolaridad primaria-secundaria, para llegar con una formación de base lo suficientemente fortalecida para poder alcanzar en el nivel superior los conocimientos y herramientas que permitan agregar valor a la economía basada principalmente en commodities.
Hace algunos días el actual presidente de Chile –S. Piñera- en el marco de la importante disputa que mantiene con los estudiantes universitarios Chilenos por la educación de su país decía “Nada es gratis, alguien debe pagar”. A esta verdad de Perogrullo le corresponde una respuesta de Perogrullo: Por supuesto, en la configuración actual del mundo –y por el momento no se conoce otra posible- los bienes y servicios deben pagarse. En la Argentina está muy claro que la respuesta a la afirmación de Piñera es: el estado es quién la paga, quien la financia.
El estado no puede desentenderse de una educación superior que es estratégica si queremos como mencionábamos con anterioridad configurarnos en un actor de relevancia en el mundo que nos toca. Las preguntas que subyacen en el caso de Argentina, que es el que nos ocupa, y posiblemente sirva en alguna medida en el caso Chileno son: ¿Cuánto debe pagar/financiar el estado? ¿Cuándo y cómo? ¿De qué forma? ¿Para quién/es?.
El estado por su parte debe ponerse los pantalones largos, y partir de un análisis serio y no hipócrita si realmente desea construir una universidad pública plural, con igualdad de oportunidades para todas las clases sociales, que cuente con infraestructura y docentes que permitan constituirse a sus casas de estudios en modelos de educación para el siglo XXI.
Si bien se escucha hasta el hartazgo que la universidad pública Argentina brinda igualdad de oportunidades, y de su nivel es de excelencia mundial (no confundir con el nivel de los docentes en forma individual que aún con pagas irrisorias siguen siendo de calidad) los datos con que se cuenta desmienten fuertemente esto. Veamos entonces.
¿Quiénes acceden realmente a la Universidad?
Esto significa que no hay becas implementadas en las universidades públicas. Por el contrario el gobierno anunció en 2009 una partida de 30.000 becas por año (que comenzaban con unos 150 dólares americanos mensuales para los estudiantes de primer año, aumentando progresivamente hasta llegar a más de 350 dólares americanos mensuales al quinto año de estudios) para ayudar a los estudiantes de menos recursos a estudiar carreras científicas y técnicas. Aún, si bien meritorio, falta mucho dado que las actuales representan poco más del 10% de los estudiantes que ingresan a las universidades públicas todos los años.
Pero si aún podrían quedar dudas a quiénes está realmente llegando la universidad pública y quienes realmente la están pagando veamos las siguientes estadísticas.
¿Quiénes y cuántos se están graduando en las universidades públicas?
Según la UNESCO, 78% de los egresados universitarios argentinos pertenecen a los sectores medio y alto de la sociedad, y apenas 22% provienen de los sectores de menores recursos. Como explica entonces A. Oppenheimer, gran parte de los estudiantes de bajo recursos en las universidades estatales argentinas terminan desertando, porque no hay suficientes becas y no pueden sostener el esfuerzo de trabajar y estudiar simultáneamente. Así en lugar de hacer que los jóvenes de clase media y alta paguen sus estudios, o que paguen una vez graduados, Argentina subsidia a sus estudiantes más adinerados y castiga a los más pobres. Y todo eso –irónicamente- en nombre de la justicia social.
¿Es la universidad pública realmente gratuita con igualdad de oportunidades para todos?
Según datos oficiales de la propia UBA el 55% de los estudiantes que estudian en su casa de altos estudios egresaron de escuelas secundarias privadas.
¿Es esto justo? ¿Es justo que una gran mayoría subvencione a clases sociales media, media-alta y alta que podrían pagar la totalidad y/o parte de sus estudios? Dirán los defensores a ultranza de la universidad gratuita e igualitaria que es un derecho garantizado en nuestra Constitución Nacional el acceso gratuito a la educación. Es por eso mismo que nos preguntamos ¿Estamos realmente dando acceso gratuito e igualdad de oportunidades? O por el contrario, como lo demuestran las cifras, estamos pagando entre todos una universidad para algunos mientras aquellos que tienen condiciones sociales de pobreza y que son justamente a quienes el sistema dice defender realmente no llegan a acceder a las mismas posibilidades.
¿Por qué estas cifras no se hacen de público conocimiento? ¿Será que realmente las clases dirigentes que por lo general ostentan el poder económico no quieren una universidad de calidad y acceso para todos?
La realidad es que estamos frente a un sistema hipócrita con un enunciado progresista pero que en la práctica es todo lo contrario. La defensa que hacen algunos funcionarios de la supuesta gratuidad del sistema universitario argentino, es en los hechos una falsedad que queda desnudad ni bien se ponen sobre la mesa los datos estadísticos surgidos no sólo de organismos internacionales sino del mismo estado y de las propias casas de altos estudios públicas.
Sin duda alguna el estado debe garantizar utilizando todos los medios –los fondos invertidos son uno de ellos- a su alcance universidades públicas que cuenten con infraestructura y docentes de acuerdo con lo demandado en el presente siglo. Una universidad pública de calidad que garantice al país los profesionales necesarios para las próximas décadas, en cantidad y calidad suficientes, que se convierta en una arista estratégica del modelo de país que se pretenda y no la actual que no cumple con ninguno de los enunciados anteriores. Veamos sino algunos otros datos:
¿Qué egresados nos está dando la universidad pública?
La UBA dio cinco premios Nobel: Carlos Saavedra Lamas (1936 Paz); Bernardo Houssay (1947 Medicina); Luis Federico Leloir (1970 Química); Adolfo Perez Esquivel (1980 Paz); César Milstein (1984 Medicina)
Hoy la universidad pública no entrega ni la cantidad de egresados ni el tipo de profesionales que el país demanda. En la actualidad contamos con 29.000 estudiantes de psicología en la UBA y 8.000 ingenieros. Lo mismo en otros campos: 3.000 estudiantes de filosofía contra 1.140 de física, 3.200 estudiantes de historia contra 1.088 de química.
En una Argentina que requiere en los próximos cinco años aproximadamente 19.000 profesionales de tecnologías de la información (programadores de computadoras entre otros), cuenta con 29.000 estudiantes de psicología. La totalidad de las universidades (públicas y privadas) gradúan anualmente 4600 psicólogos por año y apenas 146 licenciados en ciencias del suelo (petróleo, minería, entre otros). En la UBA se reciben 1.500 psicólogos y apenas 500 ingenieros por año. Si tomamos en particular ingeniería industrial se reciben apenas 150.
El lento crecimiento del PBI fruto de no poder generar un crecimiento sostenido que se convierta en desarrollo, con el consecuente retraso socio-económico de su sociedad.
Tomemos como ejemplo Corea del Sur. Corea del Sur tiene un PBI per cápita de USD 27.000 anuales, Argentina USD 14.200. En 1965 el PBI de Argentina era 10 veces mayor. ¿Qué fue lo que pasó? Mientras los países latinoamericanos se dedicaron a vender materias primas como el petróleo o productos agrícolas, Corea del Sur al igual que años más tarde lo harían otros países se dedicó a invertir en la educación de su gente para crear productos cada vez más sofisticados, productos con mayor valor agregado.
Así además de una fuerte inversión en la educación el sector privado ha tenido una fuerte participación en investigación y desarrollo en forma conjunta con las universidades con el consecuente crecimiento de patentes.
Tasa de participación del sector privado en investigación y desarrollo: Corea del Sur 74%, EEUU 64%, China 60%, Brasil 41%, Chile 29%, México 30%, Colombia 47% y Venezuela 10% enArgentina es de tan sólo 26%.
Corea del Sur registra anualmente 7500 patentes por año en EEUU, mientras que Argentina 30, Brasil 100 y México 55. Entre 2004 y 2008 Argentina no registró patentes.
¿Cuáles son las causas de que la UBA no registre mayor cantidad de patentes? Existen varios motivos, incluyendo el hecho de que las universidades argentinas no tienen una cultura de investigación aplicada, ni mecanismos eficientes para inventar productos comercializables. Aunque parecería haber un motivo mucho más sencillo: la UBA al igual que las demás universidades estatales argentinas, destinan una gran parte de los recursos que le da el Estado –unos 400 millones de dólares americanos por año- a carreras que son muy interesantes, pero no muy productivas para sus estudiantes, profesores e investigadores.
Así lo que estamos logrando son universidades públicas que destinan fondos sin una estrategia país definida, dedicando los mismos esfuerzos a producir graduados universitarios de carreras no productivas para el país que a otras que si están siendo demandadas. De modo tal que los recursos si bien son cuantiosos no sólo no logran los resultados esperados en cuanto a calidad y cantidad de graduados, sino que no llegan en igualdad de condiciones a todos los estratos sociales y con notorias deficiencias estructurales en la organización y funcionamiento. Produciendo incluso en la última década una transferencias de estudiantes de universidades estatales a privadas (estatales( -11%) de ingresantes, privadas (+74%) de ingresantes más).
Costo de la enseñanza universitaria
Como lo explica Alieto Guadagni en su libro Otra escuela para el futuro, la enseñanza universitaria tiene un alto costo económico comparado con los niveles inferiores (primario y secundario). Inciden en estos altos costos no solamente los costos financieros directos sino también el costo de oportunidad laboral correspondiente a los estudiantes, que por sus edades podrían estar ya aportando a la fuerza laboral productiva. La manera más razonable de reducir los costos de graduar un profesional universitario es maximizar la proporción de estudiantes que completan sus estudios en el lapso regular previsto en el plan de estudios de carreras. Una organización deficiente del sistema universitario puede presentar costos bajos en la enseñanza por alumno pero al mismo tiempo afrontar costos muy altos por cada graduado, si su cantidad es muy reducida (mencionamos en apartados anteriores en esta misma nota el porcentaje de graduados por cada 100 alumnos en la universidad públicas argentinas). Así otra medida a observar es la cantidad de estudiantes que se necesitan para tener un graduado (a mayor cantidad de estudiantes por graduado mayor será el costo de ese graduado para el país). Mientras que el promedio de alumnos por graduados en Iberoamérica –universidades estatales- se ubica en un graduado por cada once alumnos (Portugal 5,9; España 6,2; Brasil 6,3; Costa Rica 6,6; México 6,6; Chile 8,2; Uruguay 14,7; Colombia 16,9; Argentina 19,6), en el Reino Unido es de 3,8; en Canadá 4,8 y en Corea 5,1.
Esto implica un alto costo para formar profesionales para el estado Argentino. Es crucial asignar los recursos presupuestarios apuntando a la equidad educativa, ya que cada peso no bien gastado en la universidad estatal a la corta o la larga significará menores recursos para la educación pública primaria y secundaria, niveles estos de enseñanza donde los pobres son mayoría cosa que –como hemos visto- está lejos de ocurrir en las universidades, incluso estatales donde el grueso de los alumnos corresponden a los sectores medios y altos.
Los indicadores presentados –tasa de graduados y la cantidad de estudiantes necesarios para tener un graduado- nos muestran la regularidad en la actividad de aprendizaje y permite evidenciar si la carrera universitaria es un proceso ordenado y regular, con la consiguiente dedicación y esfuerzo por parte del estudiante, o se convierte en una rutina irregular y además costosa para el estado, que impide asegurar un buen nivel de formación profesional.
Conclusiones
El estado tiene la responsabilidad indelegable de lograr a través de los medios con que cuenta (fondos invertidos; becas; alianzas de investigación con empresas privadas para patentes; ¿cobro de estudios parcial/total a estudiantes de clase medias y medias altas?) de garantizar una universidad de calidad con acceso a todos los niveles sociales en la realidad y no una universidad clasista en los hechos subvencionada inclusive por los que menos tienen y que paradójicamente se ven impedidos de acceder a estudios del nivel superior.
Si la sociedad como se supone y como se pronuncia quiere reducir los niveles de pobreza y elevar la tasa de población con acceso a niveles de vida de clase media, debe asumir en los hechos y no en el discurso que los que más tienen deben realizar un aporte diferenciado de los que menos recursos cuentan. Se deben estudiar así los mecanismos que permitan –sin caer en los errores propios de otros sistemas como es el caso del actual modelo universitario Chileno- que aquellos estudiantes que están en condiciones de pagar parte de sus estudios lo hagan de alguna forma inteligente –queda para otra nota la discusión de los diferentes modelos de pago que no necesariamente y exclusivamente deben pasar por el arancelamiento total o parcial de sus estudios- que sirva para que principalmente más fondos puedan ser dedicados al acceso universitario de las clases más empobrecidas. Y que al mismo tiempo posibilite la mejora de la calidad educativa en las casas de altos estudios.
Recordemos que la desigualdad de oportunidades, es un obstáculo que tiende a deprimir el propio ritmo de crecimiento económico, y que cuando el crecimiento va de la mano de la disminución en la desigualdad se acelera la disminución de la pobreza.
La clave entonces consiste en generar iniciativas para que los grupos de menores ingresos puedan acumular rápidamente capital humano a través de una mejor educación como única vía eficaz para escapar de la pobreza.
Fuentes para la presente nota:
Basta de Historias - Andrés Oppenheimer
Otra escuela para el futuro – Alieto Guadagni
El estado no puede desentenderse de una educación superior que es estratégica si queremos como mencionábamos con anterioridad configurarnos en un actor de relevancia en el mundo que nos toca. Las preguntas que subyacen en el caso de Argentina, que es el que nos ocupa, y posiblemente sirva en alguna medida en el caso Chileno son: ¿Cuánto debe pagar/financiar el estado? ¿Cuándo y cómo? ¿De qué forma? ¿Para quién/es?.
El estado por su parte debe ponerse los pantalones largos, y partir de un análisis serio y no hipócrita si realmente desea construir una universidad pública plural, con igualdad de oportunidades para todas las clases sociales, que cuente con infraestructura y docentes que permitan constituirse a sus casas de estudios en modelos de educación para el siglo XXI.
Si bien se escucha hasta el hartazgo que la universidad pública Argentina brinda igualdad de oportunidades, y de su nivel es de excelencia mundial (no confundir con el nivel de los docentes en forma individual que aún con pagas irrisorias siguen siendo de calidad) los datos con que se cuenta desmienten fuertemente esto. Veamos entonces.
¿Quiénes acceden realmente a la Universidad?
- En la Universidad pública por cada 8 alumnos de nivel socio-económico alto, hay apenas uno solo del nivel bajo.
Esto significa que no hay becas implementadas en las universidades públicas. Por el contrario el gobierno anunció en 2009 una partida de 30.000 becas por año (que comenzaban con unos 150 dólares americanos mensuales para los estudiantes de primer año, aumentando progresivamente hasta llegar a más de 350 dólares americanos mensuales al quinto año de estudios) para ayudar a los estudiantes de menos recursos a estudiar carreras científicas y técnicas. Aún, si bien meritorio, falta mucho dado que las actuales representan poco más del 10% de los estudiantes que ingresan a las universidades públicas todos los años.
Pero si aún podrían quedar dudas a quiénes está realmente llegando la universidad pública y quienes realmente la están pagando veamos las siguientes estadísticas.
¿Quiénes y cuántos se están graduando en las universidades públicas?
- De cada 100 niños que ingresan a primer grado primario menos de 14 se graduarán en la Universidad.
- De cada 100 niños que ingresan a la primaria, 75 lo hacen en estatales. A la hora de graduarse en la Universidad 70 provienen de escuelas privadas.
- La graduación universitaria está en el orden del 23%-14%. Inclusive recientemente se publicó un artículo donde se mencionaba que sólo 6 de cada 100 se reciben en la universidad pública). Más allá de estas cifras y aún en el caso que tomáramos el valor más alto si miramos otros países podremos darnos cuenta la situación en que está inmersa la universidad argentina en general ya que las cifras aún en la privadas son similares.
Según la UNESCO, 78% de los egresados universitarios argentinos pertenecen a los sectores medio y alto de la sociedad, y apenas 22% provienen de los sectores de menores recursos. Como explica entonces A. Oppenheimer, gran parte de los estudiantes de bajo recursos en las universidades estatales argentinas terminan desertando, porque no hay suficientes becas y no pueden sostener el esfuerzo de trabajar y estudiar simultáneamente. Así en lugar de hacer que los jóvenes de clase media y alta paguen sus estudios, o que paguen una vez graduados, Argentina subsidia a sus estudiantes más adinerados y castiga a los más pobres. Y todo eso –irónicamente- en nombre de la justicia social.
¿Es la universidad pública realmente gratuita con igualdad de oportunidades para todos?
Según datos oficiales de la propia UBA el 55% de los estudiantes que estudian en su casa de altos estudios egresaron de escuelas secundarias privadas.
¿Es esto justo? ¿Es justo que una gran mayoría subvencione a clases sociales media, media-alta y alta que podrían pagar la totalidad y/o parte de sus estudios? Dirán los defensores a ultranza de la universidad gratuita e igualitaria que es un derecho garantizado en nuestra Constitución Nacional el acceso gratuito a la educación. Es por eso mismo que nos preguntamos ¿Estamos realmente dando acceso gratuito e igualdad de oportunidades? O por el contrario, como lo demuestran las cifras, estamos pagando entre todos una universidad para algunos mientras aquellos que tienen condiciones sociales de pobreza y que son justamente a quienes el sistema dice defender realmente no llegan a acceder a las mismas posibilidades.
¿Por qué estas cifras no se hacen de público conocimiento? ¿Será que realmente las clases dirigentes que por lo general ostentan el poder económico no quieren una universidad de calidad y acceso para todos?
La realidad es que estamos frente a un sistema hipócrita con un enunciado progresista pero que en la práctica es todo lo contrario. La defensa que hacen algunos funcionarios de la supuesta gratuidad del sistema universitario argentino, es en los hechos una falsedad que queda desnudad ni bien se ponen sobre la mesa los datos estadísticos surgidos no sólo de organismos internacionales sino del mismo estado y de las propias casas de altos estudios públicas.
Sin duda alguna el estado debe garantizar utilizando todos los medios –los fondos invertidos son uno de ellos- a su alcance universidades públicas que cuenten con infraestructura y docentes de acuerdo con lo demandado en el presente siglo. Una universidad pública de calidad que garantice al país los profesionales necesarios para las próximas décadas, en cantidad y calidad suficientes, que se convierta en una arista estratégica del modelo de país que se pretenda y no la actual que no cumple con ninguno de los enunciados anteriores. Veamos sino algunos otros datos:
¿Qué egresados nos está dando la universidad pública?
La UBA dio cinco premios Nobel: Carlos Saavedra Lamas (1936 Paz); Bernardo Houssay (1947 Medicina); Luis Federico Leloir (1970 Química); Adolfo Perez Esquivel (1980 Paz); César Milstein (1984 Medicina)
Hoy la universidad pública no entrega ni la cantidad de egresados ni el tipo de profesionales que el país demanda. En la actualidad contamos con 29.000 estudiantes de psicología en la UBA y 8.000 ingenieros. Lo mismo en otros campos: 3.000 estudiantes de filosofía contra 1.140 de física, 3.200 estudiantes de historia contra 1.088 de química.
En una Argentina que requiere en los próximos cinco años aproximadamente 19.000 profesionales de tecnologías de la información (programadores de computadoras entre otros), cuenta con 29.000 estudiantes de psicología. La totalidad de las universidades (públicas y privadas) gradúan anualmente 4600 psicólogos por año y apenas 146 licenciados en ciencias del suelo (petróleo, minería, entre otros). En la UBA se reciben 1.500 psicólogos y apenas 500 ingenieros por año. Si tomamos en particular ingeniería industrial se reciben apenas 150.
- Según datos de UNESCO cursan carreras de ciencias, ingeniería o manufacturas el 40% en Corea del Sur, 38% en Finlandia, 33% en Venezuela, 31% México, 28% en Chile, 23% en Costa Rica y Honduras, Argentina sólo el 19%
- Tasa de graduados ciencias y tecnología como porcentaje del total de graduados universitarios (UNESCO 2007): Malasia 45%, Corea 34%, Finlandia 29%, Colombia 26%, Sudáfrica 18, USA 16%, Argentina 14%
El lento crecimiento del PBI fruto de no poder generar un crecimiento sostenido que se convierta en desarrollo, con el consecuente retraso socio-económico de su sociedad.
Tomemos como ejemplo Corea del Sur. Corea del Sur tiene un PBI per cápita de USD 27.000 anuales, Argentina USD 14.200. En 1965 el PBI de Argentina era 10 veces mayor. ¿Qué fue lo que pasó? Mientras los países latinoamericanos se dedicaron a vender materias primas como el petróleo o productos agrícolas, Corea del Sur al igual que años más tarde lo harían otros países se dedicó a invertir en la educación de su gente para crear productos cada vez más sofisticados, productos con mayor valor agregado.
Así además de una fuerte inversión en la educación el sector privado ha tenido una fuerte participación en investigación y desarrollo en forma conjunta con las universidades con el consecuente crecimiento de patentes.
Tasa de participación del sector privado en investigación y desarrollo: Corea del Sur 74%, EEUU 64%, China 60%, Brasil 41%, Chile 29%, México 30%, Colombia 47% y Venezuela 10% enArgentina es de tan sólo 26%.
Corea del Sur registra anualmente 7500 patentes por año en EEUU, mientras que Argentina 30, Brasil 100 y México 55. Entre 2004 y 2008 Argentina no registró patentes.
¿Cuáles son las causas de que la UBA no registre mayor cantidad de patentes? Existen varios motivos, incluyendo el hecho de que las universidades argentinas no tienen una cultura de investigación aplicada, ni mecanismos eficientes para inventar productos comercializables. Aunque parecería haber un motivo mucho más sencillo: la UBA al igual que las demás universidades estatales argentinas, destinan una gran parte de los recursos que le da el Estado –unos 400 millones de dólares americanos por año- a carreras que son muy interesantes, pero no muy productivas para sus estudiantes, profesores e investigadores.
Así lo que estamos logrando son universidades públicas que destinan fondos sin una estrategia país definida, dedicando los mismos esfuerzos a producir graduados universitarios de carreras no productivas para el país que a otras que si están siendo demandadas. De modo tal que los recursos si bien son cuantiosos no sólo no logran los resultados esperados en cuanto a calidad y cantidad de graduados, sino que no llegan en igualdad de condiciones a todos los estratos sociales y con notorias deficiencias estructurales en la organización y funcionamiento. Produciendo incluso en la última década una transferencias de estudiantes de universidades estatales a privadas (estatales( -11%) de ingresantes, privadas (+74%) de ingresantes más).
Costo de la enseñanza universitaria
Como lo explica Alieto Guadagni en su libro Otra escuela para el futuro, la enseñanza universitaria tiene un alto costo económico comparado con los niveles inferiores (primario y secundario). Inciden en estos altos costos no solamente los costos financieros directos sino también el costo de oportunidad laboral correspondiente a los estudiantes, que por sus edades podrían estar ya aportando a la fuerza laboral productiva. La manera más razonable de reducir los costos de graduar un profesional universitario es maximizar la proporción de estudiantes que completan sus estudios en el lapso regular previsto en el plan de estudios de carreras. Una organización deficiente del sistema universitario puede presentar costos bajos en la enseñanza por alumno pero al mismo tiempo afrontar costos muy altos por cada graduado, si su cantidad es muy reducida (mencionamos en apartados anteriores en esta misma nota el porcentaje de graduados por cada 100 alumnos en la universidad públicas argentinas). Así otra medida a observar es la cantidad de estudiantes que se necesitan para tener un graduado (a mayor cantidad de estudiantes por graduado mayor será el costo de ese graduado para el país). Mientras que el promedio de alumnos por graduados en Iberoamérica –universidades estatales- se ubica en un graduado por cada once alumnos (Portugal 5,9; España 6,2; Brasil 6,3; Costa Rica 6,6; México 6,6; Chile 8,2; Uruguay 14,7; Colombia 16,9; Argentina 19,6), en el Reino Unido es de 3,8; en Canadá 4,8 y en Corea 5,1.
Esto implica un alto costo para formar profesionales para el estado Argentino. Es crucial asignar los recursos presupuestarios apuntando a la equidad educativa, ya que cada peso no bien gastado en la universidad estatal a la corta o la larga significará menores recursos para la educación pública primaria y secundaria, niveles estos de enseñanza donde los pobres son mayoría cosa que –como hemos visto- está lejos de ocurrir en las universidades, incluso estatales donde el grueso de los alumnos corresponden a los sectores medios y altos.
Los indicadores presentados –tasa de graduados y la cantidad de estudiantes necesarios para tener un graduado- nos muestran la regularidad en la actividad de aprendizaje y permite evidenciar si la carrera universitaria es un proceso ordenado y regular, con la consiguiente dedicación y esfuerzo por parte del estudiante, o se convierte en una rutina irregular y además costosa para el estado, que impide asegurar un buen nivel de formación profesional.
Conclusiones
El estado tiene la responsabilidad indelegable de lograr a través de los medios con que cuenta (fondos invertidos; becas; alianzas de investigación con empresas privadas para patentes; ¿cobro de estudios parcial/total a estudiantes de clase medias y medias altas?) de garantizar una universidad de calidad con acceso a todos los niveles sociales en la realidad y no una universidad clasista en los hechos subvencionada inclusive por los que menos tienen y que paradójicamente se ven impedidos de acceder a estudios del nivel superior.
Si la sociedad como se supone y como se pronuncia quiere reducir los niveles de pobreza y elevar la tasa de población con acceso a niveles de vida de clase media, debe asumir en los hechos y no en el discurso que los que más tienen deben realizar un aporte diferenciado de los que menos recursos cuentan. Se deben estudiar así los mecanismos que permitan –sin caer en los errores propios de otros sistemas como es el caso del actual modelo universitario Chileno- que aquellos estudiantes que están en condiciones de pagar parte de sus estudios lo hagan de alguna forma inteligente –queda para otra nota la discusión de los diferentes modelos de pago que no necesariamente y exclusivamente deben pasar por el arancelamiento total o parcial de sus estudios- que sirva para que principalmente más fondos puedan ser dedicados al acceso universitario de las clases más empobrecidas. Y que al mismo tiempo posibilite la mejora de la calidad educativa en las casas de altos estudios.
Recordemos que la desigualdad de oportunidades, es un obstáculo que tiende a deprimir el propio ritmo de crecimiento económico, y que cuando el crecimiento va de la mano de la disminución en la desigualdad se acelera la disminución de la pobreza.
La clave entonces consiste en generar iniciativas para que los grupos de menores ingresos puedan acumular rápidamente capital humano a través de una mejor educación como única vía eficaz para escapar de la pobreza.
Fuentes para la presente nota:
Basta de Historias - Andrés Oppenheimer
Otra escuela para el futuro – Alieto Guadagni
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